Las reformas recientes hechas a los sistemas multi-pilar estrechan el vínculo entre las contribuciones salariales y los beneficios, conduciendo a que los críticos arguyan que éstas reformas perjudicarán a las mujeres, quienes tienen un empleo menos continuo y ganan menores salarios que los hombres. Sin embargo, estas reformas también eliminan distorsiones y enfocan las redistribuciones hacia los de menores ingresos, lo que ayuda a las mujeres. Este artículo evalúa el conflicto entre ambas afirmaciones en el caso de tres países latinoamericanos –Chile, Argentina y México. Encontramos que las anualidades correspondientes a las mujeres son menores que las de los hombres en los esquemas de pensiones multi-pilar, pero las mujeres son las receptoras de las transferencias netas públicas y las transferencia privadas intrafamiliares a través de las pensiones conjuntas. Como resultado, las mujeres han ganado más con las reformas que los hombres.

Este artículo discute las principales restricciones, problemas y dilemas que enfrenta la protección social en América Latina en un contexto de cambio demográfico e insuficientes logros en el desempeño de la economía, particularmente en el mercado laboral. En el mismo se plantea la necesidad de readecuar la matriz general de provisión de protección social en función de una redefinición de prioridades y las restricciones que impone el acceso al financiamiento. Debido al limitado desempeño laboral, los ingresos salariales representan una fuente de financiamiento insuficiente y, en algunos casos, inadecuada para afrontar el financiamiento de una protección social básica que debería sustentarse en parte sobre la base de criterios no contributivos. Sin embargo, el mercado laboral, junto a las pensiones, seguirá constituyendo para los adultos mayores en América Latina, uno de los principales pilares de fuentes de ingresos y seguridad socioeconómica. De esta manera se espera una mayor participación laboral de este grupo etario, requiriendo asimismo reflexionar sobre la consistencia de las políticas laborales y de protección social en materia de pensiones.

El artículo documenta el fracaso de la seguridad social en México como instrumento de protección social y evalúa posibles estrategias de reforma. Se analiza la cobertura truncada para la población más vulnerable, la incidencia regresiva y desigualdades horizontales de los subsidios públicos a la seguridad social, y las consecuencias para la pobreza en adultos mayores y la desigualdad en oportunidades básicas de salud. Se consideran reformas para transitar del sistema polarizado vigente a un sistema de protección básica universal, y se estiman los costos e incidencia de beneficios netos de una pensión y un seguro de salud universales. Se propone transitar de un modelo centrado en un componente contributivo obligatorio (pilar 2) de beneficios amplios y cobertura limitada, a uno centrado en un componente básico, no contributivo e universal (pilar 1), complementado por un componente contributivo voluntario (pilar 3).

Este documento analiza la influencia de los nuevos derechos del Sistema de Seguridad social después de la Constitución Federal (1988). Al menos, tres fuerzas diferentes e independientes determinan los arreglos en cuanto a las políticas de seguridad social: 1) los nuevos derechos creados por las reglas constitucionales en respuesta la presión social; 2) la caída en el empleo y los salarios contractuales en el mercado laboral impuestos por el ciclo económico; 3) la tendencia de la transición demográfica y su directa pero modesta influencia en el sistema. A pesar de diferencias ideológicas, hay un consenso en que el financiamiento a la seguridad social dependa en un incremento de al menos 4 por ciento del PIB al año.

Este artículo analiza ciertos factores que inciden en las decisiones sobre implementar reformas, paramétricas o estructurales en las Américas. Esta área posee un conjunto muy específico de condiciones, por ejemplo un sistema político sui géneris con un alto grado de apertura económica, entre otros. El grado de libertad económica es relevante para las reformas estructurales, mientras que el porcentaje de adultos mayores no arroja resultados concluyentes. Puede ser que los gobiernos privilegien la búsqueda de eficiencia, pero los canales a través de los cuales los adultos mayores pudieran influenciar la toma de decisiones no funcionan adecuadamente y aquellos dentro de este grupo que se ven beneficiados son los menos.